A la luz del ordenamiento jurídico colombiano se puede afirmar que han sido destacables los esfuerzos del Constituyente y el Legislador a la hora de superar la concepción contable del presupuesto y que a éste se le ha reconocido, con el tiempo, un amplio contenido político y económico como herramienta esencial de la hacienda pública. No obstante, sucesos como el fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-1645 de 2000), no son más que el vivo reflejo de la realidad que vive la institución presupuestal en Colombia: un escenario donde prima la falta de conciencia y madurez jurídico-política, lo cual se ha constituido en el mayor obstáculo para que el presupuesto pueda desempeñar el papel que está llamado a cumplir dentro de las finanzas públicas del país, evitando que se logre la necesaria armonía que debe existir entre, por un lado, la función de control político y social atribuida al C ...
